Otro dato importante es que la mayoría de inmigrantes deportados o que recibieron una orden de deportación luego de completar sus procesos judiciales en la Corte de Inmigración no contaba con un abogado.
El reporte precisa que el número de indocumentados expulsados o que recibieron una orden de deportación supera el pico alcanzado en 2019. Así mismo, detalla que luego del cierre de la frontera en 2020 cuando ocurrió la pandemia del Covid-19 se ralentizaron las deportaciones por la medida general adoptada por los países que también cerraron sus entradas para evitar la proliferación del virus.
El TRAC señala que las áreas del país más afectadas corresponden a la región metropolitana de Los Ángeles, formada por los tres condados contiguos del condado de Los Ángeles, el condado de San Bernardino y el condado de Orange, en donde se registró un alto porcentaje de residentes a los que se ordenó su desalojo en los últimos seis meses.
De otro lado, la baja representación de abogados a la población migrante preocupa a los colectivos de defensa de derechos humanos de inmigrantes en el país, teniendo en cuenta que muchos de ellos no cuentan con un apoyo legal que proteja sus derechos durante su permanencia en Estados Unidos.
El informe también revela datos sobre el tiempo de duración de los juicios de deportación completados en la Corte de Inmigración, donde los inmigrantes tienen la oportunidad de pedir asilo; algunos han tomado más de 2 años.
“Los casos que terminaron con órdenes de deportación fueron más rápidos (627 días en promedio), mientras que aquellos casos en los que un juez concedió asilo u otra forma de alivio fueron más lentos, un promedio de 3 años”, añade.
El TRAC también reportó que “entre todos los casos completados durante los primeros seis meses un 38% había presentado solicitudes de asilo, pero estas estaban altamente concentradas entre inmigrantes que habían conseguido representación”.
En otro apartado se revela que por lo menos 200 mil órdenes de deportación han sido desestimadas porque las autoridades federales diligenciaron las notificaciones de comparecencia (NTA) antes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Cabe recordar que, las NTA, es un documento clave que inicia un proceso de expulsión de Estados Unidos como parte del debido proceso.
